EL CASTILLO DE GUZMÁN EL BUENO EN TARIFA (CÁDIZ)
Juan Manuel Marcos Fernández para Tarifa al Día (08/02/2012)
Se está produciendo en nuestro pueblo un hecho de suma gravedad que atenta frontalmente contra la integridad y fisonomía del milenario Castillo de Guzmán el Bueno, cuya denuncia no admite demora y que debe ser puesto en conocimiento de la opinión pública cuanto antes, pues se trata de la modificación caprichosa y sin sentido alguno, mediante la apertura de tres grandes ventanales, uno en el muro norte que da a la calle Guzmán y dos en el muro oeste, como pueden apreciarse en la foto adjunta, de su histórica imagen, que lamentablemente le hará perder su personalidad de fortaleza militar del siglo X, con la que lo hemos conocido todos durante generaciones. Y lo más grave es que se está realizando con dinero público proveniente de la Junta de Andalucía, con el beneplácito de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y el silencio cómplice del Ayuntamiento. Es de justicia hacer mención del desinteresado asesoramiento que he tenido por parte del, hasta hace poco menos de un año, Cronista Oficial de Tarifa, y miembro activo de Mellaria desde su fundación, Juan Antonio Patrón, quien a su condición de ingeniero de obras públicas, une su inapreciable labor como investigador incansable de todo lo relacionado con Tarifa y su patrimonio histórico y monumental, quien me ha facilitado una valiosa información con detalles y datos precisos, foto y grabado incluidos. También es de justicia dar a conocer al autor de tan descabellada aberración: el arquitecto director del proyecto de musealización del castillo, José Ignacio Fernández-Pujol, quien se empeña en hacernos creer que la fortaleza medieval, pues con esta finalidad fue construida, es un palacio en el que residía el Marqués de Tarifa, cuando los documentos nos dicen que éste tenía fijada su residencia habitual en Sevilla, y que sólo en contadas ocasiones visitaba Tarifa siempre por tiempo muy breve, siendo realmente su Alcaide quien lo habitaba, encargándose de sus asuntos y de la defensa y el orden con una compañía de artilleros; y esta situación se mantuvo hasta el siglo XVIII, en el que la fortaleza pasó al Ministerio de la Guerra, y desde entonces hasta nuestros días el castillo ha podido ser de todo menos palacio. No obstante Fernández-Pujol se ha empecinado en convencernos de que tales modificaciones están justificadas, y para ello se basa en un dibujo del pintor y viajero holandés Anton Van de Wyngaerde que en el siglo XVI visita nuestra ciudad y realiza un grabado de su conjunto urbano, en el que efectivamente se aprecian dos ventanas en la muralla oeste de la fortaleza, véase el dibujo adjunto, pero cuyas formas y dimensiones no pueden apreciarse claramente, y que no vuelven a aparecer en ninguna otra imagen del castillo, por lo que es de suponer que sus vanos se cerraron al poco tiempo de ser abiertos. Pero además de esta última consideración, si la pasión restauradora de este hombre fuera sincera, ¿por qué no recupera las atarazanas, astilleros, que también se aprecian en el dibujo, o las ermitas de San Telmo y Santa Catalina que también aparecen en él?, y sobre todo, ¿por qué derriba la escalera del siglo XVI de acceso a las almenas, siendo de la misma época que los ventanales que ahora nos abre? La auténtica razón para abrir los mencionados ventanales no es, a mi entender, otra que la de proporcionar luz natural a las salas del futuro museo que se piensa instalar en el castillo; el castillo, con más de mil años de historia a sus espaldas, debe adaptarse a las necesidades de una moderna instalación museística, y no al contrario, ser el museo quien interprete, realce y se adapte a la fisonomía, estructura y finalidad del castillo que es el auténtico monumento, y por tanto el que debe prevalecer. Los tarifeños debemos ser consciente de que, aunque el Castillo de Guzmán el Bueno es patrimonio de Andalucía y de España, nos corresponde a nosotros, por proximidad y afecto, la defensa de su identidad e historia, y por tanto tenemos la obligación moral y el derecho de exigir a las instituciones y autoridades competentes que cumplan rigurosamente con sus compromisos de conservación y puesta en valor. |
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