La denuncia de un vecino del municipio sobre la posibilidad de que se hubiera cometido un posible daño en el patrimonio histórico y arqueológico del municipio ha derivado en dos inspecciones y un informe realizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Bienes Culturales, que ha concluido con la elaboración de un informe arqueológico que ha contrastado "daños en el patrimonio y ocupación de espacios colindantes" en relación a las obras de rehabilitación de la antigua Residencia de Suboficiales que han afectado a los restos arqueológicos de la Iglesia de Jesús o Santiago.

Los hechos se remontan a hace más de una semana cuando un vecino se interesó por la ocupación que de los restos de la iglesia original del siglo XIII venía realizando la empresa constructora que actúa en la reforma. Desplazado hasta el lugar realizó diferentes fotografías y dio aviso a la Dirección General de Bienes Culturales que según confirmó ayer mismo mandó hasta las obras a dos inspecciones que han derivado en el informe arqueológico. Según la denuncia del particular las obras de la Residencia de Suboficiales han afectado "a una cripta funeraria parte de la capilla san Lorenzo, catalogada en el siglo XIV con enterramientos, del que se desconoce el paradero de los huesos humanos hallados".

El informe realizado por una arqueóloga ha determinado la existencia de alteración de elementos y restos de la iglesia -propiedad del Obispado de Cádiz- de tradición mudéjar y la capilla del Gótico Tardío según se recoge en la ficha del monumento dentro del Registro de Patrimonio Inmueble de la Junta de Andalucía. Ese informe, según fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha sido elevado a los servicios jurídicos de la administración autonómica lo que con toda seguridad derivará en una sanción económica e incluso la paralización de las obras de rehabilitación de la "residencia" cuyos promotores pretenden rehabilitar para convertirla en un establecimiento hotelero o edificio de apartamentos.

Al margen del propio daño a la integridad de los restos, también está la usurpación de terreno colindante y a pesar de que la iglesia no tiene catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), sí lo tiene la muralla que rodea al edificio en rehabilitación por lo que las medidas se deben de extremar al máximo.

De hecho los promotores del Proyecto, una vez que contaron con todos los permisos necesarios para las obras, y en sus inicios mostraron en las páginas del periódico Tarifa al Día "su preocupación porque la actividad en la edificación pudiera agravar el estado del monumento tarifeño, por lo que creen necesario que las autoridades con competencias en su conservación pongan los medios necesarios para evitar su deterioro", ahora varios meses después la preocupación se traduce en una actuación cuando menos irresponsables de consecuencias nefastas para el patrimonio monumental para el municipio.

El pasado lunes, -informados sobre este asunto- el diario local Tarifa al Día intentó recabar información municipal al respecto. Desde el Consistorio se apuntó entonces a que la Oficina Técnica había sido informada de posibles "irregularidades" y que se realizó una inspección ocular en la que "no se detectaron irregularidades". El informe de la Junta de la Andalucía podría concretar una dura sanción que en la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, estimaría estos hechos como "Infracciones muy graves" que contemplaba sanciones que oscilaban entre los 250.000 y el millón de euros.