Agentes de la Policía Nacional han recuperado una escultura de origen íbero procedente de un expolio y con antigüedad establecida entre el siglo IV y V antes de Cristo. La figura, que representa a un toro, fue localizada en un museo perteneciente a una fundación privada ubicado en la provincia de Tarragona. Tras una laboriosa investigación se logró identificar a la persona responsable del expolio y el lugar en que se produjo, tratándose de un vecino de una localidad de la provincia de Córdoba.

La investigación comenzó en 2020 cuando los investigadores localizaron en dicho museo una escultura de origen íbero que representaba a un toro. Esta escultura se encontraba íntegra y restaurada, pero llamó la atención de los investigadores que estaba claramente formada por dos bloques de piedra. Desde hace mucho tiempo, los agentes realizaban gestiones dirigidas a la localización y recuperación de dos bloques de piedra que formaban parte de la escultura de un toro íbero. De ellos existían referencias en un artículo académico de 2004 publicado por un prestigioso arqueólogo así como una reseña en un blog de una persona afincada en Córdoba. Por esta razón, los investigadores contactaron con estas dos personas quienes pusieron de manifiesto en su declaración que pudieron ver los dos fragmentos al poco tiempo de su aparición en el campo, hecho que había sucedido cuando una persona llevaba a cabo labores agrícolas al final de la década de 1990.

Tras varias pesquisas se logró identificar a la persona responsable del expolio, tratándose de un vecino de una localidad de la provincia de Córdoba. En su declaración como testigo, puesto que el delito ya habría prescrito, reconoció que en los 90, cuando estaba realizando tareas agrícolas en terrenos del cortijo en el que trabajaba, encontró dos bloques de una misma escultura que representaba un toro. Según esta persona, la noticia del hallazgo se propagó rápidamente, siendo bastantes las personas que, desde diferentes puntos de España, se interesaron por su adquisición, vendiéndola finalmente a un ciudadano procedente de Barcelona.

Los agentes han determinado que la escultura fue encontrada en los 90, estando ya en vigor la actual Ley de Patrimonio Histórico Español, por lo que el hallazgo debió comunicarse a las autoridades competentes al tratarse de bienes de dominio público, comunicación que no se llevó a cabo. Por tal motivo, el reconocimiento del hallazgo y posterior venta por la persona que la encontró acredita la procedencia ilícita de la pieza.

Como resultado de todas las gestiones, realizadas con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, se procedió a la intervención de la escultura y su traslado a las dependencias del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).

En el IPCE se llevó a cabo un estudio científico técnico transdiciplinar de la misma, empleando distintas técnicas de imagen y de caracterización de materiales, para determinar los posibles daños que hubiera sufrido la pieza debido a las modificaciones realizadas. Del resultado del informe se desprende que no se siguieron los criterios y recomendaciones emitidas por los organismos competentes en materia de conservación y restauración del patrimonio cultural. Asimismo, los tratamientos de limpieza aplicados y las intervenciones realizadas para el ensamblaje de los dos fragmentos han ocasionado alteraciones irreversibles.